Desde Grupo Juan Bufí llevamos muchos años trabajando en el sector inmobiliario de Ibiza. Aunque somos una inmobiliaria, también formamos parte de asociaciones profesionales como PIMEEF, AVAT y API, y estamos debidamente inscritos en el ROAIIB, algo que siempre hemos considerado fundamental para ejercer nuestra actividad con responsabilidad y transparencia.
Quienes vivimos y trabajamos en Ibiza sabemos que el alquiler turístico en pisos residenciales ha estado históricamente prohibido en la isla. Aun así, durante años se han producido prácticas irregulares que han perjudicado gravemente tanto al mercado de la vivienda como a la convivencia vecinal. En los últimos años, además, la normativa permite denunciar de forma anónima a un vecino que realice alquiler turístico ilegal, simplemente mediante una llamada o un correo electrónico, siempre que existan pruebas.
En este contexto, queremos compartir y reflexionar sobre dos noticias recientes publicadas por distintos medios nacionales y locales, entre ellos OK Diario, Europa Press y Pitiusas Balears, que marcan un antes y un después en el control del alquiler de corta duración en España.
Por un lado, el Ministerio de Vivienda ha aprobado un nuevo modelo informativo anual obligatorio para los alquileres de corta duración, que entrará en vigor en enero de 2026. Esta medida se aprobó a finales de diciembre y ya ha sido publicada en el BOE. A partir de ahora, los propietarios deberán presentar cada mes de febrero un listado anonimizado de todos los alquileres realizados el año anterior, ya sean turísticos, vacacionales, laborales, de estudios o por motivos médicos.
Este informe deberá detallar, por cada inmueble registrado, la finalidad del alquiler, el número de huéspedes y las fechas de entrada y salida. El objetivo, según el propio Gobierno, es aportar mayor transparencia y facilitar el control del impacto real de estos alquileres en el mercado residencial, algo que consideramos necesario para proteger el acceso a la vivienda.
Por otro lado, también hemos conocido la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, debido a la publicación de más de 65.000 anuncios ilegales. Entre las infracciones detectadas se encuentran anuncios sin licencia, con números de registro falsos o incorrectos, y falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que supone publicidad engañosa para los consumidores.
Esta resolución, que ya es firme, obliga además a la plataforma a retirar los anuncios irregulares y a hacer pública la sanción. Desde nuestro punto de vista, este tipo de actuaciones son un paso importante para combatir los abusos, la especulación y a los llamados “piratas” que subalquilan propiedades sin ningún tipo de control, perjudicando tanto a propietarios como a residentes.
Desde Grupo Juan Bufí apoyamos estas nuevas leyes y medidas de control. Creemos firmemente que es posible avanzar hacia una regulación más justa, que permita garantizar el acceso a una vivienda digna para todos, sin criminalizar al propietario que actúa correctamente y dentro de la legalidad, pero poniendo fin a las prácticas abusivas que tanto daño han causado en Ibiza y en otras zonas del país.
Esperamos que este nuevo artículo de nuestro blog os haya resultado interesante. Muy pronto volveremos con más noticias, así como contenidos sobre leyendas, tradiciones y todo lo relacionado con Ibiza.
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